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30/06/2010

PROBIOMA - Seminario Internacional "Impactos Socioambientales de la minería": confiera la Declaración de Puerto Quijarro

El 7 de junio en el salón del Municipio de Puerto Quijarro, se realizó el Seminario Internacional “Impactos Socioambientales de la Minería”. El evento contó con la presencia de autoridades municipales de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, expositores nacionales e internacionales y representantes de 20 Comunidades de 6 municipios de la Chiquitania y el Pantanal.

Así mismo, se hicieron presentes directores de las tres Áreas Protegidas de la zona (San Matías, Otuquis y Valle de Tucavaca), personeros de la prefectura, organizaciones indígenas, campesinas e instituciones que trabajan en la zona.

Este evento, organizado por PROBIOMA con el apoyo de la Rede Pantanal y CRS, buscó abrir un espacio de análisis sobre los impactos de la actividad minera en nuestros países y principalmente en un ecosistema tan frágil e importante como el Pantanal, humedal declarado Sitio Ramsar y una de las más importantes reservas de agua dulce a nivel mundial.

Análisis de la problemática

Debora Calherios, de EMBRAPA (Brasil) nos ilustró sobre la importancia de los flujos hídricos de la cuenca Paraná Paraguay y los riegos que se ciernen sobre la biodiversidad de la zona ante el mal uso de los recursos naturales que tienden a poner en riesgo la salud del Pantanal. Las principales amenazas son: la deforestación, contaminación de las aguas, introducción de especies exóticas y la construcción de 115 represas en el lado brasilero, en la parte alta de la cuenca, afectando a todo el sistema.

Calherios plantea que la única alternativa para evitar el deterioro de éste ecosistema es el uso racional y sostenible de los recursos naturales en beneficio de las poblaciones y comunidades locales.

Patricia Zerlotti (ECOA-Brasil y representante de la Rede Pantanal) y Sara Crespo (PROBIOMA-Bolivia), expusieron sobre los proyectos y la actividad minera en el Pantanal. Si bien los impactos son más evidentes en el lado brasilero donde la actividad minera siderúrgica está avanzada, un ejemplo de ello es que ha dejado sin abastecimiento de agua a 20 familias en la comunidad Maria Cohelo, éstos ya afectan la Chiquitania y Pantanal Boliviano.

En ambos casos se destacó la importancia de la realización de Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), que permitan tener una visión integral de los impactos de los distintos emprendimientos mineros e industriales en el Pantanal. Esta evaluación es un instrumento necesario para que las comunidades y habitantes de la zona tomen decisiones respecto al tipo de desarrollo que desean para su ecosistema.

Giovanna Rocabado del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego de Bolivia, realizó una exposición de los componentes del Programa de Prevención y Mitigación de la Contaminación Hídrica del país, manifestando que uno de los principales agentes de contaminación hídrica en Bolivia es, precisamente, la actividad minera. Destacó la existencia de planes de prevención, seguimiento y monitoreo de los recursos hídricos; sin embargo habitantes de la zona reclamaron la ausencia del Estado al momento de brindar información o atender los requerimientos de las comunidades, además de no tomar en cuenta a la región en sus programas. 

En este punto se remarcó la necesidad de que las distintas instancias de gobierno, nacional, departamental y municipales, trabajen en conjunto en el seguimiento y en la realización de acciones concretas destinadas a salvaguardar nuestros recursos hídricos, como elemento fundamental para la vida.

Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA-Chile), hizo una exposición sobre la profundización/expansión del modelo de extracción de recursos naturales en los países latinoamericanos, cuyos gobiernos, ajustándose a las demandas de los mercados internacionales vienen generando condiciones favorables (en materia legal e impositiva) para la extracción de las riquezas mineras por las transnacionales.

En Latinoamérica, la realidad de las poblaciones próximas a los centros de extracción minera es la misma: son regiones pobres, abandonadas por el Estado; situación que es aprovechada por las empresas mineras que buscan apoyo a sus actividades mediante promesas de empleo o la realización de pequeñas obras que no compensan los daños ambientales y la alteración a las formas de vida de estas poblaciones, explicó Cuenca.

Sin embargo, destacó, se está cayendo el mito de que la minería es la salvación, comunidades locales, indígenas y/o campesinas vienen exigiendo la potestad de tomar decisiones respecto a la permanencia o no de éste tipo de empresas en sus regiones; exigen respeto a los derechos colectivos, de las comunidades, restitución de derechos ambientales, compensación de daños, etc.

Estas acciones forman parte de la lucha por  una verdadera democracia y la defensa de los derechos humanos en nuestra región. Entendiendo que la presencia de las transnacionales, en nuestros países, va en contra de la soberanía nacional imponiéndonos un tipo de desarrollo saqueador, insostenible, que pone en riesgo la vida de las generaciones futuras.


Declaración de Puerto Quijarro

Los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra para expresar su punto de vista sobre la problemática minera e intercambiar experiencias con los asistentes de otros países.
El análisis y las preocupaciones planteadas fueron plasmados en un documento, la Declaración de Puerto Quijarro, que cerró con broche de oro el Seminario Internacional.

La Declaración busca llamar la atención de las autoridades nacionales sobre el peligro que representa para la Chiquitania y el Pantanal Boliviano la continuación de las políticas desarrollistas con enfoque extractivista de los recursos naturales, pues está demostrado que las tradicionales zonas mineras del país, Oruro y Potosí, hoy sólo tienen contaminación y pobreza. Entre las demandas abordadas destacan:

• Cualquier actividad económica en la Chiquitania y Pantanal debe enmarcarse en un manejo sostenible de los recursos naturales de la región.
• Es imperante la elaboración de un Estudio Ambiental Estratégico, elaborado en el marco de un proceso de Consulta Pública, respetando las normativas legales vigentes y los derechos de las comunidades locales.
• Respeto a las Áreas Protegidas como reservorios de vida, por ello manifiestan la oposición al ingreso de empresas mineras a las mismas.
• No se aceptará la promulgación de un Nuevo Código de Minería si no se toma en cuenta a las organizaciones locales de la Chiquitania y Pantanal. 

Por último se hace un llamamiento a que el gobierno nacional sea consecuente con su discurso de respeto a la Madre Tierra por lo que “debería evitar que la actividad minera destruya nuestra biodiversidad y el agua, derecho fundamental para la vida de nuestros pueblos”.





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